La mejora de la legislación que rige la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) en Brasil fue el tema de la sesión plenaria del segundo día (31/07) de la V Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CNCTI). Entre los principales desafíos identificados para construir un nuevo marco legal se encuentran la necesidad de reducir las limitaciones impuestas a las instituciones de investigación y agencias de financiación, actualmente sujetas al régimen jurídico público, y fomentar la colaboración con las empresas, además de combatir las aún grandes desigualdades regionales. .
“Uno de los puntos más importantes para el éxito de la ciencia, la tecnología y la innovación en Brasil es tener un marco legal sólido, robusto y coherente. Y que la gente pueda utilizarlo de forma segura, sin temor a ser castigados”, señaló el ingeniero mecánico Mario Neto Borges, de la Universidad Federal de São João del Rei (UFSJ) y ex presidente del Consejo Nacional de Fundaciones Estatales de Amparo a Pesquisa. (Confap), que coordinó la mesa. Hizo una breve retrospectiva de la movilización para construir el marco legal que culminó con la Ley N° 13.243, sancionada en 2016 y reglamentada en 2018, que tuvo como objetivo estimular la innovación y la interacción entre centros de investigación públicos y privados. Redujo los obstáculos a la cooperación entre universidades y empresas y amplió las posibilidades de que investigadores de universidades federales realicen actividades remuneradas en el sector privado, por citar dos ejemplos (lea más en: lojapesquisa.fapesp.br/arcabouco-atualizado/).
Sin embargo, según los participantes del panel, incluso después de seis años de su reglamentación, no hubo una implementación completa de la ley. “No logramos nuestros objetivos. Todavía hay mucho por hacer”, dijo uno de los participantes de la sesión, el ingeniero mecánico Álvaro Prata, de la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC) y nuevo director-presidente de la Empresa Brasileña de Investigación e Innovación Industrial (Embrapii). Destacó que la ley aún es poco conocida y, por tanto, poco utilizada. Además, muchas instituciones aún no han desarrollado sus políticas de innovación, algo previsto en la legislación. "Los órganos de supervisión deberían actuar ahora en la dirección opuesta: cobrar a las instituciones por hacer uso de la legislación". También sugirió que el Estado utilice más políticas para estimular la CT&I, por ejemplo, a través de compras públicas y pedidos tecnológicos de empresas innovadoras.
El genetista Marcio de Castro, director científico de la FAPESP, hizo una presentación sobre los desafíos de mejorar el marco legal desde la perspectiva de las fundaciones estatales de apoyo a la investigación. Su diagnóstico del sistema brasileño de ciencia, tecnología e innovación destacó un conjunto de problemas resistentes, como el hecho de que las universidades son vistas como sustitutos y no socios de las empresas en la investigación, y que el sector privado en el país aún está poco expuesto a competencia global e inversión insuficiente en investigación y desarrollo (I+D), además de la carga fiscal y requisitos burocráticos exagerados o acceso restringido a incentivos fiscales para producir conocimiento e innovación. Los principales desafíos, según él, consisten en fortalecer la ciencia y la tecnología de manera equilibrada en todas las regiones del país y ampliar la participación empresarial en la producción científica y el financiamiento de la investigación, a fin de garantizar mayor estabilidad a los sistemas nacionales y regionales de CT&I.
Castro sugirió mejoras al marco legal en tres frentes. En el caso de las universidades públicas, recomendó medidas capaces de recuperar su presupuesto y efectivamente implementar autonomía didáctica, financiera y administrativa, además de devolverles la libertad de planificar regionalmente y gestionar sus programas de posgrado, reduciendo lo que calificó de intervencionismo. En el marco legal que organiza las actividades de las fundaciones estatales para apoyar la investigación, se sugiere reforzar su autonomía y garantizar el cumplimiento de las previsiones legales de inversión en CT&I determinadas en cada unidad de la federación. Además, propuso ampliar a todo el país una iniciativa implementada recientemente por la FAPESP, que consiste en reembolsar a los becarios posdoctorales sus gastos de seguridad social, de modo que el tiempo dedicado a las becas cuente para la jubilación. Finalmente, recomendó un aumento de las inversiones federales en CT&I con contrapartes de los Estados y el fortalecimiento de la seguridad jurídica para las empresas que inviertan en I+D.
“El marco legal ha avanzado mucho, pero aún no está implementado lentamente
por las instituciones de ciencia y tecnología”, reflexionó. También criticó la dispersión de las inversiones públicas. “Una estrategia nacional de ciencia y tecnología no es una lista de supermercado con 50 desafíos. Cualquiera que tenga 50 desafíos no tiene ninguno. Es necesario establecer prioridades para que puedan ser enfrentadas con un esfuerzo colectivo”, dice el director científico de la FAPESP.
Del panel también participaron Leopoldo Muraro, de la Procuraduría General de la República (AGU), y Patrícia Coimbra Souza Melo, del Tribunal de Cuentas de la Federación (TCU). El V CNCTI concluyó este mes de julio (01/08) luego de tres días de debates y presentaciones.
Sarah Schmidt. Traducción Programa INFOCIENCIA